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Blasco (CNIO): la nueva ley recoge reivindicaciones históricas de la ciencia

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Madrid, 26 sep (EFE).- La directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), María Blasco, ha celebrado la aprobación de la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y ha asegurado que el texto «recoge reivindicaciones históricas de la comunidad científica española».

Un hilo de mensajes en la cuenta que el CNIO tiene en la red social Twitter refleja las opiniones de su directora sobre la nueva ley, y valora que trate de equiparar los derechos laborales de los científicos a los del resto de trabajadores promoviendo los contratos indefinidos.

«Toda iniciativa contra la precariedad es buena, incluso para la productividad. La preocupación por el futuro laboral dificulta hacer buena ciencia», según Blasco, que señala también algunos temas pendientes que no resuelve la ley, y entre ellos apunta que persisten los obstáculos para contratar personal con financiación propia de los centros, que dependen de la autorización previa de Hacienda, lo que a su juicio limita la capacidad para retener y atraer talento.

La directora del CNIO ha subrayado la disposición del Ministerio de Ciencia para colaborar con quienes dirigen los centros de investigación, y se ha mostrado convencida de que si aumenta el atractivo de la carrera científica, al mejorar sus condiciones laborales, «aumentará también la excelencia de los centros donde esta se desarrolla».

María Blasco es además la directora de la alianza de centros y unidades de excelencia «Severo Ochoa» y «María de Maeztu» (SOMMa), que agrupa a más de 50 entidades de investigación puntera en España y cuenta con más de 8.500 investigadores.

Muchos de los directores de esos centros de excelencia han sido, junto con las universidades españolas, los más críticos con uno de los aspectos incluidos en la ley, el que establece que la contratación temporal de investigadores solo se podrá aplicar cuando los contratos estén relacionados de una forma «estricta» con la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE y exclusivamente por el tiempo necesario para la ejecución de los proyectos.

Algunos de esos centros de excelencia habían advertido de que la contratación indefinida de todos los investigadores ligados a proyectos sufragados con fondos europeos podría poner en riesgo la propia supervivencia de muchos de esos centros de investigación.

Los directores de varios de esos centros (entre ellos el del Centro de Regulación Genómica y el del Instituto de Bioingeniería de Cataluña) habían publicado una carta abierta, antes de la aprobación ayer de la Ley de Ciencia en el Congreso, para fijar su posición al respecto y aclarar por qué están en contra de la contratación indefinida de todos los investigadores vinculados a proyectos europeos.

En esa carta, los responsables de varios centros y unidades de excelencia advierten de que las indemnizaciones por despido cuando esos proyectos acaban no pueden ser sufragadas con fondos europeos y pueden por lo tanto llegar a ser «un lastre financiero» para los centros; que se van a registrar muchos litigios que deberán ser resueltos en los tribunales; y que los «falsos contratos indefinidos» que a su juicio incluye la ley van a generar mucha frustración entre los investigadores.

Hoy, en declaraciones a Radio Nacional de España, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha rechazado que haya que optar por la sostenibilidad de los centros de investigación o por ampliar los derechos laborales del personal investigador; «la ley atiende a los dos», ha asegurado.

Morant ha señalado que la Ley prevé un aumento de la financiación desde el Gobierno para los centros, y ha incidido en que exigirán también a las comunidades autónomas, de las que dependen la política universitaria y muchos centros de investigación, la misma responsabilidad en esa financiación.

La ministra ha valorado el espíritu «constructivo» de ERC en las negociaciones -que ayer permitieron eliminar la enmienda que permitía extender la temporalidad de los contratos a todos los contratos vinculados a proyectos financiados con cualquier fondo europeo- , pero también las aportaciones de todos los grupos parlamentarios, incluido el PP, para sacar adelante este proyecto legislativo, «que blinda derechos laborales, pero también una financiación estable y creciente» para la ciencia.

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